jueves, 31 de mayo de 2012

Moción de IU-Camas presentada en Pleno Ordinario de Mayo'12

IU-Camas, presentó ayer en Pleno Ordinario una Moción relativa a los recortes de sanidad y educación del gobierno central. La moción fue aprobada con los votos de IU y PSOE. UPYD se abstuvo y como no podía ser de otra manera, el PP votó en contra.

La moción es la siguiente:

El Grupo Municipal de IU de Camas,  Montserrat Fernández Lara, como portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Camas, propone para su debate y aprobación la siguiente,


Moción relativa a los recortes de sanidad y educación del gobierno central.


El gobierno del Partido Popular mantiene su línea de recortes, y a los ya discutidos  en este Pleno por otras mociones, se añaden ahora el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Y Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Ambos textos normativos constituyen verdaderas bofetadas a las bases del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en nuestra constitución en su artículo 1, ya que menoscaba un derecho y principio rector de nuestro sistema constitucional, como es el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE), y a un derecho fundamental, como es la educación (art. 27 CE).
Estas medidas posibilitan un evidente deterioro de estos servicios esenciales para la comunidad, y provocará una injusticia manifiesta, ya que los sectores de la población con menos recursos (que aumentan cada día con el paro) serán los usuarios de una sanidad y una educación sin dotación presupuestaria suficiente, y en consecuencia de peor calidad, magnífica excusa para acelerar a pasos alocados la privatizaciones
La Constitución Española de 1978 consagra en su artículo 1.1  el Estado Social como uno de los elementos básicos que definen el papel de los poderes públicos en su relación con la sociedad y los ciudadanos. La ubicación de este precepto constitucional en el Título Preliminar de nuestra norma constitucional supone la adopción de este rasgo como un elemento fundamental en la construcción ideológica de nuestro sistema político; hasta el punto en el que su modificación supone la puesta en marcha del mismo  régimen de garantías constitucionales que el que disfrutan algunos derechos fundamentales y libertades básicas como son el derecho a la igualdad, a la libre expresión, el derecho o a la libertad, entre otros.
Como ya es sabido, el derecho y las prestaciones públicas vinculadas a los ámbitos de la educación y la sanidad son elementos fundamentales sobre los que se sostiene el Estado Social y concretamente los principios rectores de la política económica y social que describe la Constitución Española en el capítulo V del Título II.
Las medidas que anunciadas por el Gobierno de la Nación para aplicar recortes en las políticas de sanidad y educación dañan gravemente el carácter universal y gratuito, así como la calidad de las condiciones en el que los ciudadanos pueden acceder al ejercicio efectivo de estos derechos, y alteran sustancialmente la propia definición de la noción  de ciudadanía que se infiere de nuestra norma constitucional.
El contenido de las medidas propuestas por el Gobierno de la Nación implican tan sólo la determinación del umbral de servicios y prestaciones que deben ejecutar las CC.AA, por lo que su asunción tan sólo depende de la voluntad política de los distintos autonómicos, que en caso de no ser partidarios de las mismas deben dotar de recursos propios el mantenimiento de los servicios públicos en los términos en los que estaban establecidos previamente.
La realización práctica de estas medidas supondría el aumento del número de alumnos por aula, el despido de profesores interinos, la disminución de los salarios de los funcionarios interinos que continuaran trabajando, y en definitiva un empeoramiento generalizado de las condiciones en las que los profesionales de la enseñanza deben desempeñar sus funciones, en detrimento del ejercicio al derecho a la educación.
En el ámbito sanitario, el copago farmacéutico supone el fin del carácter universal y gratuito en la dispensación de medicamentos que se realizaba –hasta la fecha- a través de nuestro sistema público de salud.


Por todo ello, el Grupo Municipal de IU LV-CA presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes


PROPUESTAS DE ACUERDO

PRIMERO: Instar al Gobierno de la Nación a la derogación de los Reales Decretos Leyes 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y  14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, por los motivos expuestos el preámbulo de la moción.
SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a que en el ejercicio de sus competencias, no lleve a efecto los recortes planteados desde el Gobierno de la Nación, en virtud de lo  establecido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de las disposiciones legales que se han dictado para su desarrollo normativo.
TERCERO: Instar a la Junta de Andalucía para que realice las modificaciones presupuestarias necesarias para asumir el coste presupuestario que pueda suponer las aplicación de las medidas planteadas por el Gobierno de la Nación, para que dicho coste no se traslade al ciudadano.


Camas, 7 de Mayo de 2012




Fdo.: Montserrat Fdez.Lara
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA

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