jueves, 10 de febrero de 2011

Cayo Lara traslada a Zapatero las recetas de IU para una salida social y de izquierdas a la crisis


El coordinador federal se entrevista durante cerca de 1 hora y media en La Moncloa con el presidente del Gobierno, a quién traslada “la exigencia de IU para que retire el proyecto de reforma regresiva de las pensiones y mantenga la edad de jubilación en 65 años”, y logra su compromiso para estudiar un plan de rehabilitación de viviendas que cree 700.000 empleos.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha trasladado hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una batería de propuestas concretas para “abordar una salida alternativa y de izquierdas a la crisis económica, que nada tiene que ver con recortes de derechos sociales ni laborales como los practicados hasta ahora por el Ejecutivo”. Tras la reunión mantenida en el Palacio de La Moncloa, Lara detalló en respuestas a los periodistas que Rodríguez Zapatero le trasladó su compromiso para estudiar su propuesta de un plan de rehabilitación de viviendas que requeriría una inversión pública de cerca de 5.000 millones de euros y que podría crear cerca de 700.000 empleos.

El máximo responsable de IU calificó como “franca y sincera” la entrevista que ambos dirigentes desarrollaron durante poco menos de 1 hora y media, la segunda después de la mantenida en abril de 2009, cuatro meses después de accediera al cargo de coordinador federal.

Este encuentro es consecuencia de la solicitud formal hecha por el propio Lara el pasado mes de agosto y no concretada hasta hoy. Los dos interlocutores expusieron sus puntos de vistas principalmente sobre temas económicos referidos a la crisis y al ‘ajuste duro’ desarrollado desde hace meses por el jefe del Ejecutivo, pero sin poder concretar ninguna coincidencia sobre “la utilidad, la necesidad, ni la irreversibilidad” en las que basa el Gobierno todos los recortes sociales y laborales que está ejecutando.

Cayo Lara entregó a su interlocutor una carpeta con el desarrollo de las principales propuestas concretas elaboradas de Izquierda Unida para afrontar la crisis “la mayoría de ellas vírgenes pese a haberlas planteados en sucesivas ocasiones y ante distintos foros”, señaló. Especificó que el presidente del Gobierno le mostró su interés por el alcances de un plan de rehabilitación de viviendas, que permitiría crear empleo a las pymes y autónomos.

El máximo responsable de IU detalló que “no se trata de otro ‘Plan E’. De él no se beneficiarían las grandes empresas y sí los obreros de la construcción y de todas las empresas que están a su alrededor, hasta poder llegarse a la creación de unos 700.000 puestos de trabajo. No hay que olvidar que cerca de 1,5 millones de los parados actuales provienen de este sector y que se quedaron sin empleo tras el estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’”.

Lara explicó a Rodríguez Zapatero que para ponerlo en práctica el Estado debería subvencionar el 25 % de las obras, aportando unos 5.000 millones de euros, mientras que los propietarios de las viviendas aportarían otros 15.000 millones. El Estado recuperaría la práctica totalidad de esta inversión vía cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores, vía impuestos indirectos, mientras que los ayuntamientos se verían favorecidos por los tributos para las licencias de las obras.

El coordinador federal detalló también que el jefe del Ejecutivo “no me ha pedido que nos sumemos al pacto social sobre la reforma de las pensiones. Creo que ya conoce de sobra la posición de Izquierda Unida contraria al mismo”. No obstante, sí fue Lara quien solicitó a Rodríguez Zapatero que valore “retirar el anteproyecto de ley elaborado y que debe enviar al Congreso”. Como hay pocas posibilidades de que esto se produzca, explicó que “IU tratará de modificar y mejorar modestamente a través de sus fuerzas en el Congreso esta restrictiva reforma de las pensiones. Reforma que debería incorporarse al programa electoral de cada partido y llevarse a las elecciones para que los ciudadanos se pronuncien expresamente y voten en función de lo que cada uno defienda”.

“Pero ahora no hay discusión posible ni negociación posible. Nuestras ‘líneas rojas’ están en el 65-35-15: 65 años de edad máxima de jubilación, los 35 de cotización para acceder a la pensión máxima y los 15 para obtener la mínima y como periodo de cálculo”.

En tono más coloquial, Cayo Lara explicó a los periodistas que su primera pregunta al presidente -cumpliendo con la petición hecha hace semanas por un joven “seguramente votante del PSOE”- fue “que le pasa a Zapatero”, interrogación que encierra “la frustración y la extrañeza que puede sentir muchos ciudadanos porque nada tienen que ver las políticas que lleva a cabo con las que se comprometió en su investidura”.

Frente a este hecho, el segundo tema sobre el que Lara le insistió durante la reunión fue el que resumió como “trabajo, trabajo, trabajo”. Insistió por ello en la necesidad de que para crear empleo se acometa “una reforma fiscal progresiva para que paguen más quienes más tienen, se aumenten los ingresos del Estado luchando contra el fraude y contra la economía sumergida”.

El dirigente federal de IU propuso también un plan de empleo y formación para los parados de larga duración con retribución de 700 euros netos mensuales y la transformación de las cajas de ahorro en un sistema de Banca Pública.

Preguntado por los informadores sobre el hecho de que desde Moncloa se evitó que los redactores gráficos y cámaras pudieran captar un saludo entre ambos dirigentes, Lara se limitó a señalar que “lo importante de la cita era el contenido, no el continente, y la foto es sólo una foto”.

Por otro lado, Rodríguez Zapatero se interesó por la opinión de Lara sobre las próximas elecciones municipales y autonómicas, a lo que éste respondió augurando que “la sociedad castigará a los ‘barones’ socialistas en comunidades y ayuntamientos, como ya ocurrió en Cataluña, por las políticas de corte neoliberal emprendida por el Gobierno central”.

Lara también le recordó a Zapatero el incumplimiento de su compromiso para abordar una reforma de la Ley Electoral que respondiera a la falta de proporcionalidad y fallos democráticos del actual sistema, tras haber pactado PSOE y PP hace unos meses en el Congreso una mini-reforma que no toca ningún punto esencial de la ley.
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